Pacto entre sindicatos y cementeras para quemar residuos en 37 fábricas

El objetivo es lograr un desarrollo sostenible, impulsar la competitividad de las empresas y reducir tres de las 30 toneladas de CO2 que genera el sector al año

PABLO ALLENDESALAZAR/MADRID. 14-11-2004

La Agrupación de Fabricantes de Cemento (Oficemen) y las federaciones de construcción de CC OO y UGT acaban de firmar un acuerdo para garantizar el desarrollo sostenible del sector, dentro de una política que impulse la competitividad y baje al mismo tiempo sus niveles de contaminación. El objetivo es que 37 fábricas ubicadas en diez comunidades autónomas -Cataluña, Cantabria, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, País Vasco, Navarra y Andalucía- reduzcan el uso de combustibles fósiles en al menos un 10%, lo que supondría recortar en tres toneladas ???? anuales las emisiones de CO2 (el sector produce casi 30 toneladas al año ?????). ( Por favorrr... ya sabemos que somos de letras, pero qué mal se nos dan los números)

Para ello, las plantas incineradotas, que dan empleo a 8.500 trabajadores, se han comprometido a mejorar su eficiencia energética y a usar los residuos procedentes de otros sectores como combustible para sus hornos. Según el presidente de la patronal, Manuel Melgar, esta medida evitará el vertido de los materiales contaminantes de las demás industrias, al tiempo que permitirá reducir el uso de combustibles tradicionales (carbón, petróleo o fuel oil) en la fabricación del cemento. Melgar es a su vez presidente de Cementos Alfa, empresa que ha puesto en marcha en su planta de Mataporquera un proyecto para sustituir una parte de combustible habitual por la quema de residuos.

Los firmantes del acuerdo resaltaron el atraso registrado por España en este tipo de medidas. La utilización de residuos que desarrolla el país apenas supone el 3% del total, frente a porcentajes de entre el 25% y el 35% en otros Estados miembros de la Unión Europea, como Suiza, Francia, Austria y Alemania.

Rechazo ministerial

El Ministerio de Medio Ambiente mantiene que no apoyará la quema de residuos peligrosos en las cementeras, aunque recordó que la decisión depende de las autonomías. Para el departamento que dirige Cristina Narbona, es «preferible» que la gestión de estas sustancias «se realice en instalaciones específicamente diseñadas para ello». Así, el Gobierno sólo respaldará la utilización de restos no contaminantes, siempre que se tomen las precauciones necesarias y que no se causen molestias a la población, tales como malos olores.

Las empresas cementeras tienen la posibilidad de aprovechar los residuos como combustible debido a las altas temperaturas que precisan en sus hornos para fundir la piedra que utilizan como materia prima para la fabricación del cemento. Los hornos alcanzan los 2.000 grados de temperatura porque el material no funde hasta los 1.500 grados centígrados. En las instalaciones dedicas específicamente a la quema de residuos peligrosos la temperatura exigida para la incineración es de 1.200 grados.

El acuerdo de la patronal y los sindicatos sostiene que la «revalorización» de residuos es una buena solución, y recoge que la Unión Europea promueve el aprovechamiento de los recursos renovables para conseguir el ahorro energético. Sus firmantes recordaron que en comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha ya se está aplicando desde 2002.

En la misma línea, subrayaron que el pacto refleja la obligación de las empresas de desarrollar todas las medidas de prevención y seguridad necesarias, que serán seguidas en cada centro por un delegado elegido por los representantes de los trabajadores.

Deslocalización

Los firmantes del pacto destacan igualmente que el documento es una respuesta a la inminente entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre reducción de gases de efecto invernadero. Consideran que su decisión supone un adelanto a la posible deslocalización de las cementeras que la iniciativa medioambiental conlleva. A su juicio, el compromiso de emisiones adquirido por España, basado en el escenario existente en los años 90, está desfasado, puesto que el desarrollo económico ha incrementado la demanda, y las factorías han tenido que aumentar su producción para satisfacerla.

Las cementeras dicen haber reducido su consumo energético desde la primera crisis del petróleo de 1975. En la actualidad, los márgenes de disminución de emisiones son, según sostienen, «mínimos», y requieren fuertes inversiones. Por ello, los sindicatos piden a la Administración que el sector «no sea tratado de forma discriminatoria». En este sentido, señalan que la única forma de seguir acortando las emisiones pasaría porque el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión asigne unas cuotas iguales a la «producción real».


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