La Plataforma Contra la Incineración ante la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Cementos Alfa, quiere manifestar:

Dicho informe, por importante que sea, no supone en ningún caso un permiso para iniciar la incineración mientras no haya una resolución de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y posteriormente la correspondiente licencia de actividad del Ayuntamiento, que se tiene que resolverse conforme al Reglamento de Actividades Clasificadas y su condicionado.

En cuanto al contenido de esta Declaración de Impacto, la Consejería de Medio Ambiente no contesta, ni rebate una sola de las múltiples cuestiones planteadas durante el periodo de alegaciones, porque no tiene no tiene el más mínimo argumento para ello. Su contenido nada tiene que ver con fundamentos técnicos ni legales y sí con la imposición de criterios desde la Consejería de Industria y la ejecutiva del PSOE, ante las cuales Medio Ambiente asume su papel de florero en el Consejo de Gobierno.

En cuanto a los rigurosos controles que supuestamente se van a realizar, no tienen absolutamente nada de innovadores, estrictos o fiables. Se habla de altos niveles de exigencia que son una pura mentira, por ejemplo: en la propuesta de resolución se permite los máximos niveles de emisiones atmosféricas contaminantes, o injustificadas y desproporcionadas exenciones, que en el caso del dióxido de azufre multiplica por 20 los valores máximos legales. Por el contrario, no se impone ni un solo nivel restrictivo por debajo de los valores normativos de referencia.

Por último, este Gobierno pretende hacerse valedor de las condiciones de seguridad en las que se desarrollará esta actividad y los ciudadanos tenemos que hacer un auténtico acto de fe para convencernos de que será así, porque las evidencias dicen todo lo contrario: este Gobierno no tiene ni capacidad ni voluntad para ejercer sus responsabilidades en esta materia. Cómo podemos creer que se controlarán contaminantes que se miden en partes por billón de gramo, cuando en estos últimos meses se ha vertido cerca de 100.000 toneladas de tierras contaminadas y residuos industriales de forma ilegal e incontrolada en al menos cuatro puntos de los ayuntamientos de Valdeolea y Campoo de Enmedio. Mientras, la Consejería miraba prudentemente a otro lado y sólo ha intervenido finalmente a instancias de las denuncias presentadas. No estaría de más que desde la Consejería, como actores principales, desmintiese esta denuncia o por el contrario se den las oportunas explicaciones y no se dejase a los figurantes de la comparsa esta responsabilidad.