Urbanismo, sentencias y Estado de derecho

-->>[Diagonal] [10/05/10 | 10:05 h.]

ANÁLISIS // NINGÚN POLÍTICO HA RESPONDIDO POR LOS DESMANES
Gonzalo Canales. Presidente de ARCA

El urbanismo es en teoría una disciplina encaminada a lograr los objetivos establecidos en la Constitución Española, dotar de vivienda a los ciudadanos y regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo en Cantabria ha sido y sigue siendo un reflejo de todo lo contrario, un instrumento al servicio exclusivo de intereses privados, y en especial de los intereses de partidos políticos, fundamental para financiar sus campañas electorales con las que perpetuarse. Pero sobre todo lo han convertido en el principal instrumento de su enriquecimiento personal, que ha tenido y tiene su principal referente en los ayuntamientos, verdaderos centros de la corrupción humana y política más obscena de esta región. En Cantabria, ‘meterse’ en política y en algo que tenga que ver con el urbanismo, al margen del partido al que uno se pueda afiliar, es utilizado como una manera de solucionarse la vida personal, de forma rápida y fácil.

Esta realidad, tiene una víctima clara, el territorio de esta comunidad, y más concretamente, los terrenos de la zona costera, los que más fácil y mayores plusvalías generan, pero también tiene otra víctima que es la propia Democracia y el Estado de Derecho en el que supuestamente se sustenta esta sociedad.

En medio de este saqueo generalizado, Arca lleva más de dos décadas defendiendo el territorio de esta región, combinando la capacidad de movilización social con la acción en los tribunales de justicia. El resultado es de sobra conocido por todos: múltiples sentencias de demolición de urbanizaciones y de anulación de planeamientos urbanísticos. Sin embargo, no se ha producido ni una sola dimisión o destitución política, y ningún responsable de todo este desastre ha sufrido condena penal alguna. No hay que olvidar al respecto de delimitar responsabilidades penales, ya que los que hacen las leyes son los propios políticos, que el código penal nunca va a ser especialmente concienzudo con delitos tales como la prevaricación. Tampoco es posible reclamar contra el patrimonio de los políticos responsables de tales desmanes urbanísticos, pues también se han encargado de que legalmente no se les puedan requerir responsabilidades patrimoniales personales. Sus desaguisados se solucionan con el dinero de todos los ciudadanos que ellos mismos gestionan.

Llegados a este punto, en Cantabria hemos avanzado un paso más, y lo que ahora pretende la clase política y cada vez de forma más descarada, con la colaboración del periódico más importante de Cantabria que utiliza como un ariete a los compradores afectados, es legalizar todas sus tropelías urbanísticas, explicable solo desde el conocimiento de que políticos y determinados medios de comunicación están guiados y defienden los mismos intereses que el lobby constructor, con el cual comparten negocios y beneficios. Incluso el Parlamento Regional aprobó una resolución instando al Gobierno Regional a solucionar los problemas de los particulares compradores, sin embargo, el interés general, representado por la defensa del paisaje, de la ordenación sostenible del territorio, del derecho a disfrutar de un medio ambiente bien conservado, y del derecho a una tutela jurídica efectiva, es decir a que se cumplan las sentencias, no han tenido cabida en dicha resolución.

El mensaje que estos políticos están transmitiendo a la sociedad es que las leyes son papel mojado, y su incumplimiento carece de consecuencias cuando interesa. El mensaje que se transmite a los especuladores es que se puede construir sin importar las leyes y los planes de urbanismo. El mensaje que se trasmite al poder judicial, es decir, a los jueces, es también muy claro, su trabajo no vale nada, sus sentencias son muy sesudas y acertadas, pero su destino es el contenedor de la basura.